Fue durante una audiencia de imposición de medidas realizada esta mañana, ocasión en que el magistrado impuso una fianza personal de G. 100 millones a los abogados defensores y estableció un plazo de 20 días para cubrir dicho monto con bienes suficientes.

Idéntica decisión tomó anteriormente el magistrado Otazú con relación a los aduaneros Adan Di Giacomo Giménez, Cecilio Núñez Saldívar, Óscar Alberto Prieto González, Epifanio Godoy Mendoza, Francisco Ruiz Díaz Araujo y Enrique Javier Céspedes Gómez, todos procesados por contrabando y producción de documentos de contenido falso.

En esta causa también han sido imputados por contrabando el empresario brasileño Jair Antonio de Lima y César Augusto Dos Santos Toledo, dueño y gerente del frigorífico Concepción, respectivamente.

ANTECEDENTES

Este proceso tiene su origen en un procedimiento realizado el 2 de mayo pasado, a las 23:00, en el puesto de control policial Nº 8, de Concepción, kilómetro 4 ruta General Rafael Franco, agentes policiales del Departamento de Lucha contra el Abigeato.

En la ocasión, los intervinientes verificaron seis vehículos refrigerados, cuyos choferes exhibieron documentos de supuestos despachos aduaneros de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, sin sello ni firma de los encargados de dicha oficina aduanera ni de Senacsa, lo cual derivó en la incautación de la carga.

En la ocasión, también fueron imputados los choferes Ednor Mauricio Fernández Delmondes, Gerson Andrés Wasen, Lindiomar Lima De Souza, Jader Pires de Andrade Flipo, todos brasileños, y los paraguayos Armando Ramón Gauto González, Carlos Ramón Mendoza y César Augusto Dos Santos Toledo, posteriormente procesados por contrabando y producción de documentos no auténticos. El abogado de Jair de Lima, Pedro Ovelar, presentó varios incidentes y pidió la nulidad de la imputación presentada por la fiscala González.