Además de las armas anteriormente citadas, también había una variedad de accesorios para armas, tales como cargadores de pistola automática y cartuchos tanto de escopeta, pistola y rifle. El agente fiscal Irán Suárez participó del allanamiento que se realizó en base a una investigación en conjunto con el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.
“Encontramos incluso algunos armamentos prohibidos como silenciadores o armas tipo caseras", indicó el Fiscal Suárez, que ordenó informes de análisis para tener datos sobre las armas y corroborar si no fueron utilizadas en algún tipo de delito.
También indicó que se encontró a un responsable de la vivienda, que aportó documentaciones sobre algunas armas -no todas-, pero también se debe determinar si esos papeles son legítimos, aclaró el fiscal que justamente, ante la duda dispusieron no dejar en carácter de detenido al sujeto.
Indicó además que se está tratando de determinar el origen y destino para estas armas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. El responsable de la residencia argumentó que eran para su uso personal, pero por el volumen de armas esto está en claro cuestionamiento para la Fiscalía.
Al ser consultado si podría tratarse de algún nexo con la estructura de tráfico de armas que operaba desde Argentina, con rutas en nuestro país, dijo que no quería adelantar hipótesis, pero que tienen una línea investigativa a seguir en base a sospechas del posible destino de las armas.
“El grupo criminal estaría conformado por 20 hombres aproximadamente (varios con rasgos indígenas), uniformados con vestuario camuflado, portando armas largas y cortas. Los mismo manifestaron que llegaron al lugar solo para ajusticiar al administrador”, detalló el comunicado de CODI.
Finalmente, el comunicado detalló que los delincuentes se llevaron varios objetos y víveres del sitio, por lo que saquearon el lugar. Fueron notificados tanto la Fiscalía como el departamento de Criminalística de la Policía.
Luis Apesteguía, vocero de la FTC, dijo en conversación con radio ABC Cardinal que al momento del ataque había 17 personas que vivían en la estancia: peones, mujeres y niños. Detalló que la comitiva fiscal policial aún no está en la zona y que el traslado de ella se hará vía aérea cuando las condiciones lo permitan.
Opinó que pese a estos hechos, están haciendo un buen trabajo. “Si es que no hacemos un buen trabajo ellos van a hacer más. Consideramos que estamos trabajando de forma correcta (...) Es una carrera de resistencia, pero estamos creciendo, estamos mejorando nuestras capacidades. Más pronto que tarde tendremos una respuesta contundente”, concluyó.
