Con 34 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aceptó ayer el veto total del Poder Ejecutivo al Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2017. Con ello ya no hubo necesidad de que la Cámara de Senadores se reúna para tratar el veto, ya que la aceptación de una Cámara ya es válida.
Con esta decisión, el Presupuesto que regirá el otro año asciende a aproximadamente G. 67,6 billones (USD 11.784 millones, al tipo de cambio actual), que es similar al que está vigente este año (incluyendo las diferentes ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso durante el presente ejercicio fiscal). El Presupuesto que regirá en el año 2017 contempla la emisión de bonos por G. 3,8 billones (USD 674,3 millones).
La decisión del Ejecutivo se basó en la Ley 1535/99, de Administración Financiera del Estado, que establece el procedimiento en caso del veto parcial o total.
Al aceptarse el veto total, el próximo año no habrá restricciones a la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), el Tesoro contará con recursos para hacer frente a los compromisos con sus acreedores, no habrá aumento salarial para ningún sector (ni docentes, ni personal de blanco, ni funcionarios, ni efectivos policiales y militares, entre otros), y se respetará el límite de déficit fiscal de 1,5% del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
PRIMERA VEZ. Desde que se aprobó la Constitución Nacional en 1992, esta es la primera vez que el Poder Ejecutivo presenta y logra que se apruebe un veto total al plan de gastos del Estado, sancionado por el Congreso. Durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se había presentado un veto parcial al Presupuesto, pero fue retirado antes de que sea tratado por el Parlamento.
La idea de rechazar el plan de gastos estatal se inició cuando la Cámara de Senadores sancionó el Presupuesto 2017 desfinanciado para el pago de deudas, con aumentos salariales y con límites al presupuesto monetario de la banca matriz. Si bien el plan de gastos era menor al remitido por el Poder Ejecutivo, al incrementar los gastos corrientes sin fuente de financiamiento elevaba el déficit fiscal a 1,7% del PIB.
A raíz de esta decisión, el Ejecutivo rechazó el Presupuesto sancionado y se iniciaron negociaciones con los legisladores miembros de la Comisión Permanente del Congreso (que se integra durante el receso parlamentario entre diciembre y marzo).
El miércoles pasado, las negociaciones para que el Ejecutivo retire su propuesta y remita un veto parcial (al aumento salarial, la emisión de bonos y el tope a la política monetaria) no prosperaron, y finalmente la Cámara Baja logró el cuórum para analizar el pedido del presidente de la República, Horacio Cartes.
Si bien al comienzo hubo temor de que Cartes aproveche la convocatoria para plantear la enmienda con miras a la reelección, apenas terminó el tratamiento del Presupuesto la sesión fue levantada.
