
La lista fue remitida por al defensora general, Lorena Segovia, tanto al Máximo Tribunal, como al Ministerio de Justicia. Esto, con el fin de mitigar la propagación del coronavirus en las penitenciarías de todo el país.
Todos los reclusos son asistidos por los defensores públicos e incluyen a personas con varias afecciones médicas, desde tuberculosis, VIH, cáncer, entre los más graves.
También están reclusas embarazadas, en estado de lactancia, a más de los que cuentan con alguna discapacidad, y de los pueblos indígenas, quienes según la Defensa Pública podrían ser beneficiadas con medidas menos gravosas a la prisión preventiva, como ser la prisión domiciliaria.
Según informó la Defensoría, la titular, Lorena Segovia, instruyó los defensores penales, que requieran las revisiones o revocatorias de la prisión preventiva bajo el principio de interés predominante del asistido.
Tal como señala el informe, a través de la acción coordinada y simultanea los defensores penales de todo el país se presentaron pedidos de revisión de prisión preventiva ante los tribunales.
La recopilación de datos de la población penal en riesgo sanitario fue a través de la información suministrada por los defensores penales, que fue sistematizada y analizada por la Dirección de Gestión Jurisdiccional de la Defensa Pública.
La lista será analizada por la Corte, para remitir a los jueces de Garantías, de Sentencias y de Ejecución, para que se analice si pueden o no tener medidas menos gravosas.
ASISTENCIA. Por otro lado, a partir de ayer, los defensores públicos penales tuvieron videoconferencias con los reclusos de la cárcel de Tacumbú a quienes prestan asistencia legal.
A raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los presos prácticamente quedaron aislados, ya que no pueden recibir las visitas de sus familiares, ni dialogar con sus defensores.
Con ello, a través de la videoconferencia, los mismos pudieron también conversar sobre sus respectivas causas con sus abogados defensores, además de hacer los pedidos que necesitaran.
Hay que recordar que prácticamente la mitad de todos los reclusos del país, son asistidos por los defensores públicos, por lo que la comunicación es importante, según explican.
La iniciativa fue conjunta con el Ministerio de Justicia, que administra los penales.