Los incrementos salariales que serán financiados con recursos provenientes de los impuestos son los destinados a los docentes y al personal de Salud Pública, mientras que la ANDE y la INC deberán hacerlo con sus fondos propios, generados mediante los servicios que prestan.

Los docentes cobrarán con un 16% de aumento desde este fin de mes (12% fue incluido por el propio Ejecutivo en el proyecto de presupuesto y 4% se adicionó en el Parlamento durante el estudio del plan de gasto).

El personal de Salud Pública, en cambio, recibirá el aumento desde julio, hasta 30% para aquellos que trabajan en el hospital de Trauma y el hospital Pediátrico, en tanto que los demás percibirán un 8% en general.

Los cálculos estimativos lanzados durante el estudio del presupuesto daban cuenta de que el referido reajuste del 4% adicional para docentes, así como el incremento para el personal de Salud, costarían unos US$ 49 millones en el año.

En el caso de las empresas públicas, también se pagarán desde este mes de enero en un 12% general para los trabajadores de la INC y de G. 600.000 para cada funcionario que gane por debajo de 11,8 millones en la ANDE.

El incremento adicional del 4% para docentes, el 8% y 30% para Salud, así como el otorgado a las referidas empresas públicas, fueron vetados por el Ejecutivo, pero el Congreso por mayoría rechazó el pasado martes la objeción, por lo que los mismos se mantienen dentro del presupuesto 2018.

Los datos indican que el presupuesto arranca con un desfinanciamiento de US$ 40 millones, por lo que el Ministerio de Hacienda buscará atenuar el impacto mediante el plan financiero que se conocerá a fin de mes.

A través del plan financiero la cartera ajustará los gastos al nivel estimado de los ingresos tributarios, a fin de asegurar que el déficit de 1,7% del PIB que tiene hoy el presupuesto pueda converger a fin de año al tope de 1,5% establecido por la ley de Responsabilidad Fiscal.

El panorama se complica aún más con la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que hizo lugar en primer término a la exención del IVA a cooperativas, lo que restará unos US$ 40 millones al fisco, y la última, que favorece a industrializadores de granos con la devolución del 100% de créditos fiscales, que significará –según Hacienda– una resta de casi US$ 140 millones.

Estos son recursos con los cuales se contaban para cubrir el presupuesto del 2018. En el caso del IVA a las industrias de granos, se podría manejar con los tiempos o plazos de devolución, según los técnicos.