El abogado Óscar Tuma, representante del periodista afectado Jorge Torres, mencionó que la duplicación del sim card implica directamente a empresarios que están estrechamente ligados a varios políticos. “Este sector privado trabajaba con el sector público. Evidentemente puede haber hilo conductor a actores políticos, quienes podrían no haber estado implicados en esta clonación, pero sí en el negociado de los insumos médicos”, lanzó.

Tuma señaló que tienen clara la película y saben cómo viene la mano, pero que aún falta que sea detenido el prófugo Fabián Martí, quien habría contratado los servicios de la banda criminal que duplicaba los chips y vendía la información de las víctimas.

Según el abogado, la hipótesis más fuerte es que las personas ahora detenidas fueron contratadas por empresas denunciadas por el negociado con el Gobierno. La intención habría sido obtener información de los celulares de los periodistas Torres y Clari Arias y del diputado Carlos Rejala, para saber quiénes estaban pasando las informaciones confidenciales.

“Los responsables son los que encargaron el trabajo, es algo sumamente grave porque se accedió a la fuente de los periodistas. Con el sim card la persona hasta abre sus redes. Toda la vida está ahí. Debe tener la misma protección que una tarjeta bancaria”, remarcó.

A su vez, la fiscal de la causa, Irma Llano, indicó a la misma emisora que por esta causa están procesadas cinco personas, entre las cuales el principal sospechoso es Martí. El mismo habría pedido el servicio de la banda que se dedicaba a la duplicación de chips. El hombre es mano derecha del presidente del PLRA, Efraín Alegre, aunque este negó tal situación.

“Es gravísimo, es un espionaje a periodistas, legisladores y ciudadanos particulares. Es grave porque acceden a todas las informaciones”, señaló. La agente comentó que en este caso los periodistas y congresistas no fueron víctimas de extorsión, sino más bien los malvivientes apuntaban a sus movimientos y contactos, con el fin de saber quiénes eran sus fuentes.