En el caso, la acción de inconstitucionalidad se encuentra desde junio del 2016, en admisibilidad, sin que hasta ahora haya sido resuelta por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.

Tras la publicación de ÚH, según fuentes de la Corte, una de las ministras de la Sala Constitucional requirió un informe pormenorizado del expediente, que aún sigue en admisibilidad a 8 meses de su presentación.

Justamente, la falta de resolución de la inconstitucionalidad fue el argumento utilizado por los defensores del condenado Rodrigo Antonio Lezcano para pedir su libertad condicional.

Los mismos señalaron que la resolución de la jueza Ana María Llanes, por la que levantó su arresto domiciliario y dispuso su captura, no está firme porque existe una inconstitucionalidad pendiente. Ya cumplió las dos terceras partes de la pena.

LIBERTAD. La jueza de Ejecución Lourdes Scura, el 31 de enero pasado, a pesar del pedido de suspensión de la audiencia de la fiscala Celia Beckelmann, concedió la libertad condicional.

Lezcano fue condenado a 4 años de cárcel por la venta irregular de tierras con un perjuicio para el Estado de más de G. 1.600 millones.

En la misma causa está condenada a 5 años la ex ministra Judith Liduvina Andraschko, quien sí cumple con su pena en la cárcel del Buen Pastor.

En la causa se presentaron en total cinco acciones de inconstitucionalidad. Cuatro de ellas en el 2015, pese a que a finales del 2014 salió el fallo que ratificó las penas para los condenados.

El 23 de noviembre del 2015 la Corte rechazó la acción del condenado y le casó la matrícula. Contra esta resolución se plantearon dos acciones más. La última es la que aún está pendiente en la Sala Constitucional del Máximo Tribunal.