La adolescente, una joven indígena de 15 años, a la que se conoce con el nombre de Panambí para proteger su identidad, se encuentra internada en el Hospital del Trauma de Asunción, donde ingresó el pasado mes de enero tras haber ingerido soda cáustica, supuestamente obligada por la pareja para quienes trabajaba.

A comienzos de febrero, el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (Cladem) solicitó a la CIDH que otorgara medidas cautelares para proteger la vida e integridad de Panambí, que entonces se encontraba en terapia intensiva por una neumonía provocada por la aspiración del químico corrosivo.

Cladem denunció que Panambí había sufrido torturas y abusos sexuales, y trabajaba desde los 12 años en situación de criadazgo, un sistema de explotación de niños, niñas y adolescentes para el trabajo doméstico no remunerado, a cambio de educación y alimentación.

Además, la adolescente fue certificada por la Fiscalía paraguaya como víctima de trata de personas, un delito por el que fue imputada la pareja para quienes trabajaba, que se encuentra prófuga y en paradero desconocido.

La CIDH respondió al pedido de medidas cautelares a comienzos de marzo y solicitó que el Estado paraguayo garantice el acceso de Panambí a un tratamiento médico adecuado y el cumplimiento de sus derechos.

También a que adopte un plan para su atención y protección integral para el corto, mediano y largo plazo, según dieron a conocer este martes integrantes de Codehupy en una rueda de prensa.

Victoria Peralta, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), presente en esta rueda de prensa, declaró a Efe que Panambí no solo precisó atención médica inmediata y urgente debido al envenenamiento con soda cáustica, sino que también necesita de un tratamiento y seguimiento a largo plazo, por las secuelas que puede tener.

“Ella fue abusada sexualmente, estuvo en una situación de criadazgo y maltrato, de violencia física (...). Su salud mental y emocional también están en riesgo (...). Absolutamente todos sus derechos fueron vulnerados, y eso no deja solo secuelas físicas”, afirmó.

Por su parte, Elba Núñez, de Cladem, dijo que el Estado paraguayo falló en la protección de los derechos de la joven, debido a que no asigna presupuesto para la atención integral de las víctimas de trata de personas, un delito al que se exponen niñas, mujeres y adolescentes en zonas fronterizas del país, como Pedro Juan Caballero, donde residía Panambí.

También criticó que la menor supuestamente no recibió atención específica por haber sido víctima de abuso sexual, y reclamó que el Estado paraguayo no ha tipificado el criadazgo como un delito.

“El Estado paraguayo está obligado a brindar protección y atención a Panambí, y a todas las Panambí de Paraguay, porque este no es un caso aislado, sino que tiene el rostro de muchas niñas pobres, indígenas, no escolarizadas”, aseguró Núñez.

El criadazgo afecta a unos 47.000 niños y niñas de Paraguay, y ha sido denunciado como “una forma moderna de esclavitud” por varias organizaciones, que piden que se erradique esta práctica.