
Ferreira se presentó a las 14:00 a la Fiscalía Antidrogas, donde hace oficina el fiscal Marcelo Pecci, quien junto a su colega Liliana Alcaraz le tomaron declaración testifical a Ferreira hasta pasadas las 23:00.
A su salida, Ferreira señaló sobre José Rodríguez, “el que hasta anteayer era el director jurídico de la Vicepresidencia, es así como se presentó ante mí (...) Les dije que el teléfono de este señor se ponga a disposición lo antes posible”.
Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a negociar un próximo acuerdo sobre Itaipú señaló: “Mi predisposición es total y no necesito un cargo ni nada. El país, sobre todo, cuenta conmigo, a lo mejor como un contralor o como parlamentario. El país está primero, creo que no debo entrar otra vez en un cargo público, la importancia de esta fuerza moral que vamos a tener. Ahora voy a hacer lo que amo, que es la enseñanza ahora; en su momento ya renuncié a la ANDE”.
A su criterio, “la ANDE no tiene que acordar con brasileños, es un derecho adquirido. No necesariamente tiene que darle el gusto a Eletrobras, se le tiene que sumariar a funcionarios de Itaipú que no cumplieron con su deber. Se tiene que investigar si los US$ 54,9 millones que debe Eletrobras y que retuvieron en diciembre, si ya se le requirió por escrito”.
Entretanto, el fiscal de la causa, Marcelo Pecci, señaló que aún que “es peligroso erigir determinadas calificaciones jurídicas sin tener clarificados los hechos, Tenemos que examinar cada uno de los componentes e ir generando otro tipo de comparecencias”.
Anunció que el próximo en ser llamado será el abogado José Rodríguez y la declaración en principio sería tomada el sábado en horas de la mañana. Alegó que lo que Ferreira dijo al respecto de esta persona “no es muy diferente de lo que ya es de público conocimiento”.
Se le preguntó si es que podría ser llamado además el vicepresidente Hugo Velázquez, y replicó: “Toda persona, ocupe el cargo que ocupe está habilitada a ser llamada en su momento para las requisitorias previstas”, sostuvo.
El extitular de la ANDE fue quien destapó la escandalosa acta bilateral, que incrimina seriamente al vicepresidente Hugo Velázquez, quién habría sido el responsable de eliminar el único artículo que sería beneficioso para nuestro país, supuestamente con el afán de favorecer a una empresa brasileña.
Velázquez, quién se salvó junto al presidente Mario Abdo Benítez del juicio político, sigue seriamente sospechado, ya que públicamente Ferreira se ratificó que el propio Velázquez nombró a un abogado de su confianza, José Rodríguez González para ser el mediador y fijar el acta de acuerdo binacional condiciones desfavorables para nuestro país, pero ventajosas para la empresa Leros, presumiblemente vinculada a la familia del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro.