El órgano asesor encabezado por el colorado Ramón Romero Roa inició la semana pasada el estudio del documento, pero no dictaminó con la excusa de que no contaban con el cuórum correspondiente.
El presidente Horacio Cartes vetó una parte del blindaje, que hace referencia a la necesidad de contar con una sentencia judicial para la pérdida de investidura, pero quedó vigente la mayoría absoluta de dos tercios que se precisa en ambas cámaras del Congreso para la remoción de un parlamentario (53 votos en Diputados y 30 en el Senado).
Los diputados colorados anunciaron que cuentan con los votos, porque consideran que es lo que corresponde y es lo que hace falta. Se necesitan de 41 votos para el efecto.
Sostienen que no se puede plantear que por una mayoría simple se pueda sacarle a un parlamentario su investidura y usan como ejemplo que en la Cámara Baja los colorados son 46 y por mayoría simple podrían sacarle a cualquier legislador de la oposición.
Por el lado de los liberales, un sector planteó la posibilidad de aceptar el veto parcial del Ejecutivo y no sancionar la parte no objetada.
Con dicha decisión la ley no entraría en vigencia, ya que iría al archivo. Para aceptar el veto y no aceptar lo no objetado, hacen falta 41 votos.
El artículo 208 de la Constitución Nacional establece que las objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas cámaras del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas, ambas cámaras podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley, en cuyo caso este deberá ser promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo.
Basados en dicha disposición, los liberales intentarán eliminar la ley sancionada en apenas tres semanas.
SOBRE TABLAS. El proyecto de ley fue presentado por la diputada Olga Ferreira y fue tratado sobre tablas (en el momento), con importantes modificaciones realizadas en la Comisión de Legislación, a cargo del diputado colorado Bernardo Villalba.
La mayoría de los parlamentarios aprobaron la normativa sin saber de qué se trataba. Sin embargo, en la Cámara de Senadores fue aprobada a sabiendas de lo que implicaba.
La presión ciudadana y la mediática hicieron que varios legisladores cambiaran de postura y que incluso hablen de presentar proyectos para derogar la ley, si la misma finalmente entra en vigencia tras el tratamiento por parte del pleno.
