El proceso también afecta a Julio Orlando Giménez y Rodolfo Duarte y es por producción y uso de documentos públicos de contenido falso.El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

El caso cayó en el juzgado de Lici Teresita Sánchez.

En noviembre de 2016, la Fiscalía abrió la investigación, que estuvo a cargo de la fiscalaNadine Portillo (suspendida del cargo por el escándalo de los audios). El hecho indagado era lesión de confianza por presunta omisión, ya que no se apeló la sentencia del tribunal arbitral que condenó a la Comuna pagar a Ivesur.

Las averiguaciones apuntaban al exdirector jurídico de la Municipalidad, el abogado Enrique García, quien tenía que recurrir el fallo.

Sin embargo, mediante resoluciones de los Tribunales de Apelación del fuero civil de Asunción, Primera y Quinta Salas, se corroboró que la Comuna no apeló la sentencia que le obliga a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur en concepto de indemnización.

El funcionario de la asesoría Jurídica, Rodolfo Duarte, supuestamente fue el encargado de presentar el escrito de apelación. En dicho documento, se pusieron sello y firma de que el escrito fuer recibido en la Primera Sala.

Sin embargo, con pericias realizadas a los funcionarios de dicha dependencia judicial, la fiscalía confirmó que la firma que aparece en el recibido fue falsificada.

Abc