"En base a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público hemos realizado (el pedido de desafuero) y se va a enviar la comunicación a la Cámara", dijo el magistrado.
El pedido debe ser estudiado en Diputados, donde se determinará si dan lugar a la medida, informó el periodista Raúl Ramírez.
Según la imputación, el legislador habría contratado a tres personas, que no cumplen funciones institucionales en el Congreso Nacional sino que eran empleados particulares del legislador.
Por la causa, Riquelme admitió la imputación contra los caseros del diputado colorado Tomás Rivas por supuesto cobro indebido de honorarios, entre otros.
Ellos fueron identificados como Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
Los datos refieren que Chaparro y Romero figuran como contratados desde el 2013, cuando Rivas asumió como parlamentario, con salarios de G. 2 millones al mes. Por su parte, Franco fue contratado a mediados del 2016, con un salario de G. 3 millones.
