La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, informó que de las 15.600 personas que se encuentran recluidas en penales de todo el país, el 70% no tiene condena, lo que da más de 10 mil presos, los que, de aprobarse la ley, podrán ejercer su derecho electoral, aunque a causa de los plazos, ya no podrán hacerlo en las municipales del año próximo sino recién en las generales del 2023.

Pérez aseguró que se tendrá que realizar un gran trabajo para implementar la ley, pues deberán establecer cómo votarán las personas que son de una ciudad pero están presas en otra; además, deberán instalarse mesas especiales en los centros penitenciarios ya que los presos no podrán acudir a los locales de votación.

La ministra espera que con esta ley, no solamente se habilite la posibilidad de que los detenidos sin sentencia ejerzan su derecho de electores, sino que, para cumplir con la norma, se deberá hacer un censo real de los presos, algo que hasta ahora no existe.