El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio a conocer este martes que ascienden a nueve los bienes incautados que fueron inscriptos a nombre del Estado. La Procuraduría General de la República ya había inscripto otras propiedades el año pasado.
El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, mencionó que de esta manera el Gobierno apunta a otro récord histórico en la lucha contra el lavado de dinero.
De los nueve inmuebles decomisados, tres corresponden a Jarvis Chimenes Pavão, por valor de G. 36.600 millones. Los bienes proceden de una causa penal por lavado de dinero. Las propiedades se encuentran ubicadas en el Departamento de Concepción.
Pavão fue condenado en el año 2014 por lavado de dinero, asociación criminal y violación a la ley de armas. En el juicio no pudo justificar ganancias por G. 1.950 millones en sus empresas Lans Inversiones y J. C. Pavão, ni que tuvo depósitos bancarios sin tener movimiento monetario. En diciembre de 2017, fue extraditado al Brasil donde tiene cuentas con la Justicia.
Otros cinco bienes inscriptos son de Hilarión Osorio, el ex aduanero que supuestamente violó el Sistema Sofía en la Dirección de Aduanas. Las propiedades tienen un valor de G. 10.055 millones.
El entonces funcionario desvió G. 10.000 millones de la Aduana de Ciudad del Este a su cuenta particular. En el hecho estuvieron involucrados Arnaldo Abegg y las esposas de ambos, Tomasa Álvarez y Cynthia Giménez, respectivamente.
Osorio fue condenado en el año 2010 a 10 años de cárcel, tras ser hallado culpable por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.
La última propiedad pertenece a una causa por producción y uso de documento no auténtico contra el gerente general de Perfecta Automotores SA, Roland Enrique Mario Bendlin Beyersdorff.
La propiedad pertenecía a la señora Gladys Ramona Báez Salinas también imputada por la supuesta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos, la misma proveía de facturas falsas a Perfecta para que la firma las presentara luego ante el fisco.
El valor de mercado, del inmueble recuperado asciende a G. 313 millones.
El caso se inició en la Subsecretaría de Estado de Tributación, donde se detectaron indicios de elaboración y uso de facturas falsas de empresas proveedoras de bienes y servicios para respaldar compras declaradas por Perfecta. La firma habría intentado cobrar créditos fiscales con facturas falsas.
El procurador General de la República, Sergio Coscia, mencionó a Última Hora que será el Departamento de Bienes del Ministerio de Hacienda el responsable de administrar dichas propiedades.
Entretanto, la institución se encuentra trabajando en un proyecto de decreto reglamentario para el destino de estos bienes, dependiendo de la utilidad de cada una. "La idea es que el beneficio le llegue a la gente lo antes posible ya sea utilizando el inmueble o monetizandolo", precisó.
UH
