El diario brasileño Republicano explica que los militares estaban insertos en un esquema de propinas, donde eran beneficiados con la suma de entre 50.000 y 100.000 reales mensuales. En guaraníes, estas cifras orillan los G. 70 millones y G. 150 millones.

Este soborno, según refiere el medio local, era destinado para la protección al esquema de contrabando del producto. De esa forma, los camiones con cigarrillo ilegal proveniente de Paraguay lograban ingresar y transitar por las ciudades de Bela Vista, Caracol, Jardín, Guía Lopes de la Laguna y Bonito.

La Gaeco encabezó el pasado 16 de mayo la operación Oiketicus, que derivó en la detención de los 21 policías militares, incluyendo tenientes, coroneles, mayor, sargentos y soldados. Todos presuntamente ligados a la organización criminal.

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La publicación detalló que la mercancía partía de Pedro Juan Caballero y arribaba hacia Mato Grosso del Sur y al resto del país. La investigación apunta, además, a que los efectivos policiales estarían asociados al tráfico de drogas.

Contrabando

En noviembre del año pasado, la Policía brasileña incautó 100.000 cajas de cigarrillos de contrabando de la marca Eight, que son fabricados por Tabacalera del Este SA, empresa del presidente Horacio Carrtes. La mercancía era trasportada en dos camiones de gran porte. En aquella ocasión, el conductor de uno de los camiones presentó a los policías una factura falsa de productos alimenticios. Después terminó por confesar que transportaba cigarrillos de Paraguay hasta la ciudad de Campo Grande, capital de Mato Grosso.

Días atrás, Neumann manifestó que el país es una de las cuatro fuentes ilícitas del tabaco en el mundo, con una sobreproducción. Refirió que el 95% y 98% de lo que se produce está destinado al contrabando.

El informe elaborado por la investigadora sostiene que la Triple Frontera se ha convertido en un centro regional de fusión criminal donde los políticos corruptos trabajan con los cárteles de la droga de Bolivia, Colombia, México y Brasil.