“Estamos presentando el proyecto para que se implemente por seis meses y no se convierta en una política de Estado permanente”, dijo el legislador del Partido Liberal a los medios de prensa.

Sostuvo que la implementación está más que justificada con la crisis sanitaria y la suspensión de actividades, establecida por el Gobierno a fin de evitar una propagación masiva del covid 19.

Indicó que la idea es impactar positiva e indirectamente en el bolsillo de la gente ya que hasta el momento todas las medidas establecidas por el Gobierno no benefician a los sectores más vulnerables.

“El ingreso de los ciudadanos va a disminuir o ya están disminuyendo por este proceso de aislamiento social al que estamos sometidos todos y en consecuencia se justifica plenamente bajar sustancialmente la tarifa de energía eléctrica de consumo residencial”, agregó.

La normativa plantea una vigencia de seis meses y los fondos deben ser financiados por las binacionales, Itaipú y Yacyretá, y no implicará un endeudamiento del país, además de tener un impacto positivo en el bolsillo de la ciudadanía.