Tras dos semanas de deliberación, la corte respaldó la sentencia emitida en primera instancia contra el exmandatario y la mayoría de la veintena de condenados en el expediente.

"El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 -incluido Rafael Correa- y modifica la sentencia para dos", informó la Fiscalía General del Estado en redes sociales.

Sin embargo, los jueces nacionales Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz sí aceptaron, aunque de forma parcial, las apelaciones de los exaltos funcionarios Alexis Mera y Walter Solís, de forma que la suspensión de derechos civiles que se les había impuesto, no será por 25 años sino por el tiempo que dure su condena original.

Para la exsecretaria presidencial Laura Terán la condena ha sido reducida a tres meses y seis días, y en el caso del empresario Alberto Hidalgo su cargo penal pasó de "autor" a "cómplice" y tuvo una reducción en su condena a 32 meses de prisión.

También se establecen "parámetros proporcionales" de compensación al Estado por los daños causados, de forma que los autores estén obligados a abonar una suma de 778.224 dólares cada uno y los cómplices 368.632 dólares.

La sentencia no ha sorprendido al exmandatario ecuatoriano, que reside en Bélgica desde 2017 y es requerido por la justicia de su país.

"Aunque es difícil de creer, era de esperarse. 'Caso' y 'sentencia' más ridículos no puede haber", reaccionó Correa en un tuit.

"No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí", añadió y calificó el caso como "una de las páginas más oscuras de la historia de la patria".

Según su abogado, Fausto Jarrín, tras la decisión la Corte Nacional de Justicia debe notificar la resolución por escrito a las partes, tras lo cual restan "recursos horizontales de aclaración y ampliación".

"De ahí recién cierran todo y tenemos que presentar la casación para que vaya a otra sala", explicó a Efe.

El caso "Sobornos" juzga una supuesta red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

En abril pasado, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, por su supuesta participación en el delito de cohecho, condena ahora ratificada en segunda instancia.

De ser refrendada en tercera y última instancia, la sentencia impedirá a Correa volver a participar en la política de su país dado que, en su caso, la condena es por cohecho.

Algunos de los acusados pidieron que se anule la sentencia por considerar que obedece a una supuesta "persecución política" por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, un excorreligionario de Correa con el que se enemistó tras dejar el poder en 2017.