Rocío Vallejo fue la que planteó que el órgano encargado en designar el uso de las pulseras o tobilleras electrónicas a sujetos con prisión domiciliaria sea el Ejecutivo y no la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la proyectista del Partido Patria Querida (PPQ) reconoció que la aplicación de esa disposición, tal vez, no se dé este año.
“(Su uso) no será algo inmediato, una vez aprobado, tendremos que llamar a una licitación, ver los precios de los dispositivos y trabajar por un nuevo sistema de seguridad”, explicó la legisladora.
El texto fue sancionado este miércoles por el Congreso y ahora queda en manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, definir si la implementación de las pulseras electrónicas quedará a cargo del Ministerio del Interior o el de Justicia.
“No tengo muchas esperanzas para que sea este año, pero ojalá se pueda ya conseguir”, agregó Vallejo. También mencionó que su implementación efectiva llevará tiempo y que los dispositivos tienen un alto costo.
Aplicar el uso de los dispositivos electrónicos es una de las medidas para tratar de paliar el problema del hacinamiento en casi todas las penitenciarías del país.
La Corte Suprema de Justicia debía empezar a aplicar el uso de las pulseras desde el mes de setiembre del 2018, pero no lo hicieron y argumentaron no contar con recursos suficientes.
Las pulseras o tobilleras estarán adheridas al cuerpo y su uso facilitará el control del cumplimiento de la prisión domiciliaria. Funcionará bajo el sistema de control del GPS (Sistema de Posicionamiento Global).
Si la persona que la porta se aleja del perímetro determinado por el juez, se activará una alarma. Lo mismo pasará si el portador manipula o trata de sacarse el dispositivo.
El uso de estos artefactos se puso en debate luego de la masacre ocurrida en la Cárcel de San Pedro y que fue protagonizada por miembros del Primer Comando Capital (PCC) y el clan Rotela.
En otro momento, Vallejo fue consultada sobre la posibilidad de implementar penitenciarías privadas, y manifestó que es un tema que debe ser ampliamente debatido y ver las experiencias en otros países.
Días atrás, el titular del Ministerio de Justicia, Julio Javier Ríos, habló sobre la posibilidad de implementar las cárceles privadas en Paraguay. Él considera que esto podría ser una solución a la crisis penitenciaria.
