Según la denuncia promovida por los abogados Julio Godoy y José Urdapilleta, en representación de la presunta víctima del “apriete”, Alicia Garcete, el exministro Bajac le solicitó US$ 500.000 en la tramitación de un juicio de desalojo de las tierras que posee en la localidad chaqueña de Puerto Casado, identificada como padrón 2005, finca 290, que tiene una superficie de 12.637 ha. con 8.050 m2.

La denunciante sostiene que a pesar de que jurídicamente todo tenía a su favor, el interés en las tierras que en su momento mostró el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher, a través de sus empresas Agroganadera Inversora Occidental, la Candelaria SA, Agroganadera Occidental SA (AGROSA), así como terceras personas, hizo que el caso se volviera complicado.

Conforme a la denuncia, Bajac recibió US$ 200.000 de parte de Garcete para «darle la mano», y a pesar de haber un compromiso en instrumento público firmado ante el escribano “Cayo” Estigarribia, supuesto compadre del exministro, el caso le fue desfavorable, refiere Garcete.

La causa está a cargo de la fiscala Susy Riquelme, de la unidad especializada.