El terreno de cinco hectáreas estaba ocupado por unas 400 familias que ya levantaron sus precarias viviendas en el lugar. La propiedad pertenecería en parte a una empresa privada y otra es de la Municipalidad y está reservada para una plaza.

Los asesores jurídicos de los ocupantes, Néstor Echeverría y Ricardo Villalba, intentaron detener el operativo asegurando que la fiscala Portillo no poseía una orden judicial para realizar el desalojo. Sin embargo, la fiscala indicó que no se trataba de un desalojo, sino de una restitución de un terreno privado y público a sus respectivos dueños.

Se tuvo un momento de tensión cuando los asesores jurídicos y los ocupantes intentaron detener el desalojo. Hubo empujones y hasta golpes de puños, pero finalmente los intervinientes lograron la restitución del inmueble.

Se dio la oportunidad a los ocupantes para que puedan desmontar sus precarias viviendas y retirarlos, junto con sus enseres.

Los asesores jurídicos de los ocupantes indicaron que presentarán una denuncia contra la fiscala Portillo. Expresaron que no podría haber ejecutado el desalojo sin una orden judicial y más aún teniendo en cuenta que la ocupación ya está judicializada.