Cerca de las 10:00 empezó la audiencia preliminar a Raúl Fernández Lippmann, quien era secretario de Óscar González Daher, entonces titular del JEM. También está procesado por esta causa Cristian Manuel León, supuesto testaferro de Fernández.
Álvaro Arias, abogado de Fernández Lippmann presentó una serie de incidentes para tratar de evitar que la causa se eleve a juicio oral y público: entre ellos el de nulidad, porque asegura que la Fiscalía no cumplió con los plazos previstos para presentar la conclusión acusatoria.
Además presentó un incidente de cuestión prejudicial porque afirma que hasta el momento no llegó el informe de la Contraloría General de la República sobre el análisis de la correspondencia de los bienes de su cliente. Solicita además el sobreseimiento definitivo del exsecretario de González Daher, que se cambie la caratula de imputación y se deje fuera la causa por enriquecimiento ilícito.
Finalmente, Arias comentó que también pedirá el ofrecimiento de pruebas, así como una salida procesal a través del procedimiento abreviado.
Por su parte, la fiscala Victoria Acuña pidió que la causa sea elevada a juicio. Por ende, se llamó a cuarto intermedio para que el juez Julián López lo resuelva. Cerca de las 13:30 de la fecha, el magistrado decidió elevar la causa a juicio oral y público.
Tras darse a conocer esta determinación Raúl Fernández Lippmann negó haber manejado grandes cantidades de dinero. "Eso el Tribunal de Sentencia es el que va a resolver cuando lleguemos a juicio oral. Yo confío en mi defensa y ahora vamos a defendernos. Yo siempre me presenté ante la Justicia y nosotros aseguramos que vamos a salir inocentes", aseveró.
Fernández Lippmann fue investigado luego de que en el 2017 se filtraran audios en los cuales se lo escucha negociando con casos judiciales en nombre de González Daher, a quien le costó su renuncia a la presidencia del JEM, la pérdida de investidura en un periodo en el Senado y su posterior dimisión al cargo tras ser reelecto.
En ese marco, el Ministerio Público imputó al ex funcionario del JEM, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras corroborar que el mismo poseía un patrimonio neto de G. 1.400 millones, que no cierra con el sueldo mensual que percibía en dicha institución, que ascendía a los G. 21.534.073.
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