El escrito fue entregado por el ministro sustituto, embajador Bernardino Hugo Saguier, al propio canciller del Brasil, embajador Ernesto Araújo, en Palacio de Itamaraty, Brasilia.

Entre los fundamentos expuestos por el Gobierno Nacional se señala que la condición de refugiados no debió haberse dado a ninguno, debido a que Arrom, Martí y Colmán están acusados por delitos comunes; a que está comprobado el vínculo que tenían con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y debido a que en el Paraguay rige el Estado de Derecho, por lo que disponen de todos los derechos y garantías que se reconocen a los habitantes de la República.

El Estado Paraguayo, a través de diversas instituciones como el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial, ha demostrado con documentación fundada que Arrom, Martí y Colmán se presentaron en la causa por la cual se solicita su detención con fines de extradición, y a través de sus representantes legales han sustentado su defensa jurídica conforme a las normas procesales que rigen en el territorio paraguayo. Sin embargo, los mismos huyeron del Paraguay a días del juicio oral y público al que estaban sometidos.

El Gobierno Nacional, ante el inminente cambio de administración de gobierno que iba a producirse en el Brasil, decidió esperar el inicio del nuevo periodo constitucional para formalizar la solicitud de cancelación, revocación o cesación del refugio.

Agencia IP