El pedido fue presentado por el concejal liberal Héctor González, el mismo expuso 8 puntos principales para la solicitud correspondiente.

El mencionado pedido fue tratado sobre tablas y los concejales Asunción Carballo (PLRA-Presidente de la Junta), Gustavo Bonzi (PLRA), Sisinia Silva (PLRA), Estrella Quevedo (PLRA) y Miguel Domínguez (PLRA) se retiraron de la sesión en señal de protesta.

Tras el retiro de parte de la bancada liberal, el concejal César Samudio (ANR) quedó como presidente de la Junta para la prosecución de la sesión.

Posteriormente nuevamente volvió Carballo a participar de la sesión. Con 7 votos, los ediles aprobaron la intervención de la administración de Urbieta.

El pedido y los documentos serán enviados al Ministerio del Interior para el estudio correspondiente.

El Ministerio del Interior deberá pasar en el plazo de seis días los antecedentes del pedido de intervención a la Cámara de Diputados, donde una comisión especial deberá investigar los hechos denunciados y tiene que expedirse en un máximo de 15 días.

En caso de ser otorgado el Acuerdo por la Cámara Baja, el Poder Ejecutivo decretará la intervención y designará al interventor dentro del plazo de quince días. El nominado asumirá la dirección de la municipalidad y el intendente quedará suspendido en sus funciones mientras dure la fiscalización.