Una de las instituciones públicas que históricamente se ha caracterizado por los casos de planillerismo es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Las primeras investigaciones datan del año 2011 cuando el fiscal Eduardo Cazenave había detectado a funcionarios fantasmas que cobraban sus haberes sin estar cumpliendo ninguna función en dicho organismo. En ese momento se estimaba que la nómina de funcionarios del TSJE ascendía a más de diez mil contratados que no cumplían ninguna función e incluía en su nómina desde equipos de fútbol, periodistas, empleadas domésticas, choferes, guardias, novias y “amigas” de dirigentes políticos de diferentes sectores.

Esta causa quedó posteriormente archivada porque el fiscal Cazenave fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Luego, en 2013, cuando se implementó la ley de transparencia y se hizo pública la nómina de funcionarios de distintas instituciones y organismos del Estado, se descubrieron nuevos y escandalosos casos en los que aparecía involucrado el entorno del ministro Alberto Ramírez Zambonini, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral quien a fines del año pasado quedó finalmente desvinculado del caso. También fue sobreseído definitivamente Christian Raúl Bogado, exdirector de RR.HH. del TSJE.

Sin embargo el asesor y amigo de Ramírez Zambonini, Manuel Radice y su esposa, Clara Haydée Silvera Arza; así como su cuñada, Gloria María Paz Silveira Arza; su suegra, Ana Catalina Arza Báez, y otras seis personas, fueron todos procesados por cobro indebido de honorarios y la justicia debe expedirse sobre su situación.

En el mismo caso, fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año Luis María López Benítez, hermano del senador colorado disidente Mario Abdo Benítez, quien como reparación del daño social debe abonar G 3.500.000 en una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento, además, debe comparecer trimestralmente ante el Juzgado de Ejecución. López Benítez ingresó en el 2010 como contratado con un sueldo de G. 1.400.000. En el 2014 fue nombrado como técnico y últimamente tenía un salario de G. 4.158.700. Según los datos cumplía funciones de asesor electoral en la oficina de Carlos María Ljubetic.

Otra hermana de Abdo Benítez, Mayra también fue investigada por la Fiscalía e incluso, se descubrió que marcaba asistencia en el TSJE mientras estaba de viaje en el exterior, en diversas ocasiones.

Mayra fue contratada desde el 2005 con un sueldo de G. 3 millones. En el 2012 fue nombrada como asesora con un salario de G. 6.331.000 y en el 2014, mediante una resolución N° 2, María Elena Wapenka, entonces vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, creó el Departamento de Bienes Raíces, donde designó a la recomendada como jefa del departamento. Sin embargo, Mayra nunca acudió a cumplir funciones y sin embargo se dedicaba a la actividad privada como la venta de lujosas casas, departamentos, no solo en el país sino también en el Brasil.

La hermana del candidato a la presidencia de la República, por el Movimiento Colorado Añetete se vio obligada a devolver la suma de G. 30 millones que había cobrado en forma indebida para ser beneficiada con medidas alternativas.

Al implementarse un riguroso control en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), unos 200 funcionarios que serían presuntos “planilleros” pidieron ser desvinculados del ente estatal para no ser imputados por la Fiscalía.

Luego del escándalo mediático y la indignación ciudadana por los casos denunciados, la máxima instancia electoral inició un proceso de depuración de sus planillas y señaló que trabajará para erradicar definitivamente el planillerismo en la Justicia Electoral, ya que pese al riguroso control aún se encuentran algunos casos aislados.

Actualmente la institución cuenta con unos 6.800 funcionarios en todo el país y se están realizando los sumarios correspondientes en casos concretos que fueron detectados, afirmó el presidente del Tribunal, Dr. Jaime Bestard.

Con respecto a las próximas elecciones nacionales del 2018, el TSJE plantea mantener la cantidad de funcionarios actuales, sin nuevas contrataciones. Los contratos del personal generalmente son por 3 meses.

SIGUE EL ESQUEMA

A finales del año pasado, luego del escándalo de las renuncias e imputaciones por los casos de “planillerismo”, los mismos funcionarios del TSJE, remitieron una nota al presidente de la institución, Jaime Bestard una nota en la que le señalaban lo siguiente: “solicito me provea de informaciones sobre personas contratadas en el Tribunal Electoral, ajustándome a la Ley de Transparencia e Información Pública. Aproximadamente un centenar de funcionarios contratados que figuran en sus nóminas actualmente trabajan en empresas constituidas del sector privado o en dependencia de profesionales e independientes (69) personas y sectores de la educación (23 personas), en muchos casos en el mismo horario que debieran de hacer oficina en el TSJE lo cual podría constituir varios delitos entre ellos el “cobro indebido de honorarios”.

El escrito agrega que “estos funcionarios híbridos en su mayoría son antiguos funcionarios tanto en el sector privado como en el público y que sistemáticamente fueron contratados sin mayores objeciones dentro del seno de esa alta institución electoral”.

Esta nota enviada a Bestard fue acompañada por la nómina de los funcionarios públicos de quienes se solicitó informes. “Los datos que solicito son número de cédula de identidad, apellido, nombre, antigüedad, vigencia del último contrato, dependencia específica dentro del TSJE donde fue asignado/a (jefatura, dirección, sede) y encargado directo del área o responsable del control del funcionario”.

A cinco meses de este pedido de informe, hasta ahora nunca se tuvo retorno alguno y según el funcionario que hizo el reclamo todo sigue igual, siguen los casos de “planillerismo”, es más continúa la marcación de entrada de los funcionarios con el mismo sistema de tarjetas.

RESUMEN DE SITUACIÓN PROCESAL DEL TSJE

Procesados Acusados, pendiente de realización de la Audiencia Preliminar y la elevación de la causa a Juicio Oral y Público

1- Clara Haydee Silveira Arza, (en publicaciones periodísticas se la llamaba la asesora viajera, esposa de Manuel Radice) acusada por Cobro Indebido de Honorarios de 89 días, siendo el monto de lo cobrado indebidamente G. 31.326.487. Su sueldo era de aproximadamente G. 5.755.000 y fue subiendo hasta los G. 10.559.000

2- Gloria María de la Paz Silveira Arza, hermana de la primera, acusada por Cobro Indebido de Honorarios de aproximadamente 60 días, siendo el monto de lo cobrado indebidamente G. 7.932.650 su sueldo era de aproximadamente G. 2.500.000.

3- Ana Catalina Arza Báez; madre de las dos primeras: acusada por Cobro Indebido de Honorarios siendo el monto de lo cobrado indebidamente G. 84.090.917. Su sueldo era de aproximadamente G. 3.000.000

4- Víctor Manuel Báez Alfonso, Jefe de Gabinete del Ministro Ramírez Zambonini

5- María Isabel Quintana Ríos, funcionaria de Recursos Humanos, rubricaba las planillas de asistencia.

6.-Manuel Enrique Radice Zárate. Acusado de complicidad en el cobro indebido de honorarios de su esposa Clara Hayde Silveira Arza.

7.- Jhoana Ines Repol San Martin, ( esposa del jefe de Gabinete) Asistencia a Facultad en horario de oficina, acusada por cobro indebido de honorarios por 182 días, por la suma de G. 33.331.480.

8.- Joel Gimenez Torres, percibió honorarios indebidamente por la suma de G. 12.800.333 siendo su sueldo mensual aproximadamente G. 2.000.000.

Acusados que fueron beneficiados con salidas alternativas. Suspensión Condicional del Procedimiento

1- Zully Jacqueline Ferreira Cañete, Escribana fue acusada por cobro indebido de honorarios, debido a que percibía remuneraciones del Estado ( TSJE) a pesar de no poder hacerlo según prohibición legal. La misma posee suspensión condicional del procedimiento, y el Juzgado le ha impuesto devolver la suma de G. 120.000.000.

2. Modesto Núñez, Funcionario de la Justicia Electoral, Superintendente, avaló falsamente las planillas de asistencia de Gloria María Paz Silveira Arza. Fue beneficiado con una Suspensión Condicional del Procedimiento, devolviendo la suma de lo cobrado por la misma indebidamente G. 7.932.650.

3.- Karina Rodríguez, Fue imputada por avalar falsamente las planillas de asistencia del español Lino Valencia. En su carácter de diputada Nacional, renunció a su cargo y devolvió la totalidad de lo cobrado por el mismo indebidamente que asciende a la suma de G. 26.601.144.

4.-Lino Valencia; se encuentra en estado de Rebeldía

5.-Mayra Abdo; devolvió la suma de G. 29.389.500 cobrado indebidamente

6.-Jose María López, devolvió la suma de G. 3.5000.000. Cobrado indebidamente.

Por Jorge Torres Romero (@jtorresromero)