El Informe sobre la Seguridad Jurídica y la Protección a la Inversión en Iberoamérica "analiza el grado de institucionalidad de los países latinoamericanos más representativos, según el grado de protección de las inversiones extranjeras de cada uno".

Fue encargado por Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas cotizadas (AEMEC) y por la WFI (Federación Mundial de Inversores, por sus siglas en inglés).

El trabajo, basado en recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recalca que México "es tradicionalmente el país que ofrece mayor apoyo a los inversores extranjeros, situación que todavía ha reforzado más con las recientes reformas constitucionales y legales".

Como ejemplo presenta "las inversiones de empresas multinacionales como AT&T o fondos de inversión como Black River".

De Argentina destaca "la mejora experimentada en el país tras el reciente cambio de orientación política y las reformas implementadas", aunque recomienda "modificar la normativa sobre ceses discrecionales de autoridades reguladoras" pese al "amplio margen de autonomía alcanzado en regulación y supervisión".

Perú ha experimentado "una notable mejoría" en ese campo, que "se ha trasladado a la independencia de las autoridades reguladoras".

El informe expone los casos de Engie, IC Power, Enel, Interconexión Eléctrica o Transelca.

Chile, por su parte, "se ha consolidado como modelo de transparencia y buen comportamiento en promoción de inversores, con una estructura regulatoria correcta y bien asentada, salvo incertidumbres menores respecto al supervisor de telecomunicaciones".

Mientras que Costa Rica, con ejemplos como el de Gas Natural Fenosa, América Móvil o Telefónica, "es aún más modélica, con un crecimiento exponencial de las inversiones extranjeras solo empañado por alguna ligera sombra de burocratización".

En Bolivia, "la política de nacionalizaciones aceleró la salida del movimiento internacional de capitales (más de 20 empresas internacionales relevantes afectadas), sin que se haya promovido una estructura productiva propia".

Entre las perjudicadas están Empresa Transportadora de Electricidad, Empresa Eléctrica Guaracachi, Rurelec PLC, Repsol YPF o Entel.

Colombia -prosigue el estudio- ha experimentado "un severo retroceso de la seguridad jurídica para inversores extranjeros".

"Si bien la posición geoestratégica del país ha crecido exponencialmente (de ahí su actual proceso de incorporación a la OCDE), la independencia y autonomía de las autoridades reguladoras y supervisoras se ha resentido gravemente ante las presiones electorales y la tensión populista", alerta.

Pone el foco en los sectores de "energía, minas y telecomunicaciones" y menciona "la reciente intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como un incremento en casos de arbitraje internacional como los de Glencore PLC, Cosigo Resources, América Móvil, Telefónica o Anglogold Ashanti".