Eduardo Petta dio algunos detalles de los cambios dentro de la propuesta, indicando que se apunta a un mayor control a las empresas telefónicas por venta de chips.

Indicó que no solamente se establecerá un formulario de datos personales, sino también cuestiones digitales, dactilares del comprador y la persona que está vendiendo.

A modo de ejemplo, recordó una reunión con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), alegando que la modalidad del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es la compra masiva de chips en la frontera, que no se tienen identificados.

También trajo a colación, los chips que están habilitados en las penitenciarías, desde donde se realizan todo tipo de extorsión o chantaje.

Sostuvo que otra modificación importante tiene que ver con las sanciones por el incumplimiento de los requisitos formales para la venta, agregando que se tendrá que cumplir a través de Conatel.

“Las empresas proveedoras de este servicio público no se sienten muy cómodas. Les conviene vender en forma masiva. Lo que hacemos es burocratizar, pero prima el interés superior de identificar a los compradores”, sostuvo.

Indicó que luego se podría ampliar la legislación para solucionar la inseguridad en el caso de los motochorros.

El liberal Fernando Silva Facetti pidió el rechazo, y el colorado Luis Castiglioni, que se apruebe, y tuvo eco.