Señaló que la demanda de ambos se sustenta en una supuesta inacción de la Justicia paraguaya de investigar su denuncia por tortura a mano de agentes policiales, ocurrida en enero de 2002.

El ministro señaló que el caso “sí ha sido investigado” y que los sindicados como responsables “no han sido encontrados culpables por la Justicia paraguaya”, según declaró en entrevista con la Agencia EFE.

La denuncia de Arrom y Martí es de torturas por parte de agentes policiales en donde, según los afectados, se buscaba su admisión de culpa por el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en el 2001. Por este secuestro, ambos hombres son investigados como responsables pero solicitaron asilo político en el Brasil y se encuentran allí desde entonces.

Con respecto al estatus de refugiados políticos otorgado por el Brasil, el Gobierno anunció este miércoles que requerirá formalmente la revocación de esta condición para Arrom, Martí y Víctor Colmán, otro de los implicados por la Justicia en el secuestro de Bordón.

La CIDH emitió recomendaciones en el 2017 al Estado paraguayo para resarcir los daños y, ante el incumplimiento de estos, se convoca a una nueva audiencia este 7 de febrero, en la que el Paraguay se enfrenta a una demanda por US$ 63 millones, de acuerdo a informaciones oficiales.

Entre las recomendaciones se encuentran el pago de indemnización a ambas personas, así coo nombrar calles y plazas como medida de resarcimiento, a lo que el ministro calificó de “absurdo” y “jurídicamente inadmisible”.

En la entrevista, el ministró negó cualquier responsabilidad del Estado en el caso, ya que los presuntos autores de las torturas denunciadas, aunque eran policías, no se encontraban en relación de subordinación con el Estado. Agregó también que las torturas denuncias ocurrieron en una casa particular y no en una dependencia policial.